Defensora del Pueblo de Oberá, su función es proteger y defender los derechos e intereses públicos de todos los vecinos obereños, frente a actos, hechos u omisiones del Gobierno Municipal o empresas prestadoras de servicios públicos. Patricia Nittmann es Contadora Pública y Especialista en Contabilidad Superior y Auditoria.
La Defensora del pueblo se encuentra facultada por la Carta Orgánica del Municipio en el art 185 Inc. 14 y 18 a Designar un asesor legal.
Las funciones del asesor legal son otorgar el marco jurídico correspondiente a todos los actos de la Defensoría, aconsejar y brindar las herramientas dentro de la normativa legal aplicable a la Defensora del Pueblo, así también patrocinar a la misma que cuenta con legitimación procesal en todas las causas judiciales que tenga intervención la Defensoría.
La educación es uno de los derechos fundamentales establecido por la Constitución Nacional. La iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Oberá consiste en empoderar a los niños y niñas en sus Derechos y asimismo, introducir a la formación ciudadana en cuanto a nuestro Sistema de Gobierno: Representativo, Republicano y Federal, y a la concepción del sufragio como derecho político. Es decir, tiene por objeto formar ciudadanos, construir capacidades y generar conciencia en los niños y niñas de la Ciudad de Oberá, para que sean ellos mismos quienes puedan conocer y ejercer plenamente sus derechos.
La Defensoría del Pueblo defiende el derecho ciudadano a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas que cubran las necesidades del presente, sin comprometer las de generaciones futuras.
La gravedad de los riesgos que afronta la humanidad en materia ambiental ha provocado que desde hace años la defensa de los derechos y garantías ambientales sea uno de los protagonistas de la agenda pública de todo el mundo. Nuestra ciudad no escapa ni debería escapar a esta regla general.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) es una asociación civil que reúne a las Defensorías del Pueblo del país y cuyo objeto social es la cooperación recíproca entre sus titulares en el intercambio de información, investigaciones, actualización y desarrollo de las instituciones que defienden derechos y garantías, promoviendo su progreso continuo y perfeccionamiento profesional.
Su misión central es la de reafirmar y fortalecer el rol del Defensor del Pueblo en el país como institución de la democracia garante de los derechos humanos de los pueblos.
Sus miembros se reúnen 4 veces al año y en plenarios extraordinarios ante alguna situación que lo requiera. Cuenta con un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero, 5 consejeros, un revisor de cuentas y un representante ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).